Nos enfrentamos a una crisis habitacional que tiene efectos adversos, siendo los más perjudicados los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, cuyo futuro se ve cada vez más comprometido al vivir en condiciones precarias, sin acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad.
Según el último informe del Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 (CNC 22-23) de la Fundación Techo-Chile, en el país hay 1.290 campamentos con 113.887 hogares habitándolos. Aunque esta cifra no coincide con la del Catastro Nacional de Campamentos 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reporta 1.091 campamentos con 71.961 hogares, ambas reflejan una dura realidad para el país, y que no ha sido mostrada por los medios.
Esta triste situación se hizo más evidente tras el trágico e inédito suceso ocurrido en febrero pasado en la región de Valparaíso, donde un mega incendio prácticamente arrasó con cerca de 25 asentamientos precarios en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, destruyendo alrededor de 1.721 viviendas en circunstancias dramáticas.
Es lamentable que los campamentos precarios sean estigmatizados como focos de delincuencia, ya que es común escuchar noticias sobre la presencia de casas de tortura, secuestros e incluso homicidios en ellos, así como la operación clandestina e impune de bandas delictivas y el crimen organizado.
El acceso a una vivienda digna y segura, ya sea propia o en alquiler, es una necesidad básica tan importante como la salud, la educación y la alimentación, más allá de ser un derecho.
Como integrantes de la sociedad civil, no podemos quedarnos de brazos cruzados, expresó Sergio Bravo “mientras la drogadicción atrapa a niños, niñas, jóvenes, adolescentes e incluso adultos, y esperar pasivamente a que el problema se resuelva únicamente con políticas públicas”.
La colaboración conjunta de empresarios, ciudadanos, organizaciones sociales y el gobierno es fundamental para abordar la crisis habitacional y reducir la presencia de asentamientos precarios e indignos para miles de familias. Esto posibilitará que miles de familias puedan acceder a una vivienda digna y, lo más importante, garantizará una mejor calidad de vida para niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos.
Sergio Bravo, especialista en seguridad pública, graduado en Ingeniería en Administración Pública y con un Máster en Relaciones Internacionales, es un ex Oficial Jefe de la PDI.
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