El ex oficial de la PDI asegura que la indicación de la ley de Reglas del uso de la fuerza generará impunidad, por lo tanto no es conveniente, entendiendo el nivel de violencia nunca antes vista en Chile.
El 11 de abril de 2023, el ejecutivo ingresa el proyecto de ley de Reglas del uso de la fuerza, cuyo propósito es dar certezas a la ciudadanía, a las policías, a las fiscalías y a los jueces en el ejercicio de la persecución penal y brindar respaldo legal a estos protocolos de acción policial por parte del sistema en su conjunto. Normando el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.
La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la ley que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocida como “Naín Retamal”.
Casi recién iniciado el período legislativo 2024, el 4 de marzo, el ejecutivo introdujo indicaciones al proyecto de ley, incorporando el uso diferenciando de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.
Nadie tiene dudas de que Chile está enfrentando una crisis de seguridad, inédita. Delincuentes actuando con un nivel de violencia jamás vistos, bandas delictuales muy peligrosas u organizaciones criminales como el “Tren de Aragua”, “Los Pulpos” y “Los Espartanos” y “Los Maras”, ya están operando en nuestro país, ejemplo de ello es el cobarde asesinato de Tamara Moya (Q.E.P.D.) el 2021, hecho por el cual fue condenado a 10 años de internación en régimen cerrado en un centro del Sename, el delincuente menor de edad que participó en la comisión del delito.
Para Sergio Bravo, ex oficial de la PDI y experto en seguridad pública, “De aprobarse esa indicación, lo único que generará será impunidad a los delincuentes, que sean NNA, mujeres, pertenecientes a diversidades sexuales, discapacitados, migrantes, indígenas o adulto mayor.”
El exporto, enfatiza que “las indicaciones ingresadas por el ejecutivo, claramente rompen el principio de igualdad ante la Ley utilizando criterios de género, orientación sexual, calidad de indígena, de migrante u otros.”
